La práctica del modelo de gobernanza contemporánea no sólo integra los actores que corresponden para la toma de decisiones concertadas en igualdad de condiciones, así como una metodología de análisis de características del entorno; si no que demanda el enfoque de las políticas públicas, para que no sea solamente un modelo de populismo participativo formal. Este enfoque corresponde a lo señalado por la sentencia T 416 de 2021 de la Corte Constitucional colombiana que establece 3 condiciones para una política pública: El enfrentamiento eficaz de un problema, la construcción de una política participativa con los actores y la adopción por la autoridad competente.
En el contexto de la integración regional latinoamericana, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) ha avanzado en la armonización de normas migratorias, educativas y comerciales. En su entorno inmediato, la República de Panamá y la República Bolivariana de Venezuela, conforman la Sub Región Andina. Estas naciones hacen parte de los modelos de integración, no sólo por decisión de sus gobiernos, sino por la práctica de la movilidad trasnacional de sus ciudadanos. Sin embargo, persisten vacíos normativos y operativos en materia de movilidad profesional, particularmente en el ejercicio internacional de profesiones reguladas como la abogacía. A pesar de la existencia de instrumentos como la Decisión 878 sobre el Estatuto Migratorio Andino, los profesionales del derecho que buscan ejercer su profesión en otro país cercano enfrentan obstáculos administrativos, normativos, fiscales y culturales que limitan su movilidad efectiva para diversas prácticas profesionales como la consultoría, la asesoría, la docencia y especialmente para la representación de terceros en trámites administrativos y judiciales.
Estas barreras se agravan cuando el profesional pretende acceder al desempeño de labores como Servidor del Estado fuera de su país, por el privilegio constitucional del ejercicio de funciones públicas a los propios nacionales, especialmente en cargos de autoridad política, judicial y administrativa. Otro tanto acontece con abogados formados en programas de derecho propio o derecho intercultural, cuyas credenciales, enfoques y competencias no siempre son reconocidos por los sistemas estatales tradicionales. La falta de mecanismos de convalidación ágiles, de protocolos de reconocimiento recíproco y de criterios comunes para la habilitación profesional transfronteriza afecta no solo a los litigantes, sino también a quienes ejercen en campos como la consultoría jurídica, la docencia universitaria o la representación en jurisdicciones indígenas.
El escenario es aún más complejo en países como Panamá y Venezuela, que no forman parte de la CAN pero mantienen vínculos históricos, migratorios y jurídicos con los países del sistema de integración andino. La ausencia de un marco supranacional específico para la habilitación profesional de abogados en estos espacios limita el ejercicio transfronterizo de la abogacía y obstaculiza la consolidación de un verdadero espacio jurídico regional.
Existen estudios sobre movilidad académica, reconocimiento de títulos y jurisdicción indígena en América Latina. Sin embargo, son escasos los trabajos que articulan estos temas con el ejercicio profesional de la abogacía en clave transfronteriza. Aún menos frecuentes son los estudios que abordan la situación de los abogados formados en derecho propio y su inserción en sistemas estatales o regionales. en esta subregión se han desarrollado iniciativas para armonizar marcos normativos y promover la movilidad profesional, lo cual es clave ante los desafíos de un mundo interconectado.
Pretendemos como objetivo general: Analizar los marcos normativos, administrativos y académicos que regulan el ejercicio internacional de la abogacía en la Sub Región Andina, integrada por los miembros de La Comunidad Andina, Panamá y Venezuela, con el fin de proponer mecanismos de armonización y reconocimiento recíproco que faciliten la movilidad profesional, incluyendo a los egresados de programas en derecho propio de comunidades indígenas.
Se ha fijado como período inicial de la investigación para el trabajo de campo y las entrevistas el año 2020, aunque las referencias normativas e institucionales son de más de 10 años atrás. En período de cierre es el presente año 2025, donde se realiza en la ciudad de Santiago de Cali el Primer Congreso Andino de la Abogacía. En este período se resalta la importancia de la globalización de mercados y de profesiones, la inclusión de prácticas tecnológicas posteriores a la pandemia, tales como la inteligencia artificial, el ejercicio virtual de la profesión, las prácticas internacionales de arbitramiento, la acreditación profesional digital y la educación en ambientes de aprendizaje flexibles.
En términos específicos la investigación pretende: a) Estudiar las normas nacionales y supranacionales que regulan el ejercicio de profesional en los países analizados para diagnosticar el escenario actual, los componentes académicos, las políticas normativas y el ejercicio profesional regional en el marco de la Sub Región Andina. B) Analizar los requisitos administrativos para el ejercicio profesional, la convalidación de títulos y la autorización para las prácticas profesionales, en el marco de las regulaciones propias de los gremios que representan a los profesionales, precisando sus limitaciones y ejercicio para labores litigiosas, de consultoría y docencia. C) Incluir en el análisis los programas universitarios en derecho propio indígena o derecho intercultural y su reconocimiento oficial. D) Formular participativamente con las organizaciones de profesionales del derecho, en sus diferentes modalidades, una propuesta técnica para el ejercicio recíproco internacional de la profesión de abogado, integrando con fines de propuesta normativa, el modelo técnico elaborado para el ejercicio recíproco internacional de la profesión.
El componente metodológico parte de lo planteado por Montoya. Primero, un Posicionamiento epistemológico; segundo, La Exposición del método de investigación y tercero, el diseño metodológico de la investigación (Montoya, 2020). Con relación al posicionamiento epistemológico será de enfoque mixto. Este diseño mixto corresponde al modelo “métodos cuantitativos y cualitativos para ser usados por igual en paralelo” (Steckler 1992, citado por Rivera 2013). El componente Cualitativo hace parte de los procesos de investigación con fuentes orales, antecedentes normativos. El componente cuantitativo permite la identificación de líneas base de actores del modelo educativo en derecho, la identificación y la movilidad de profesionales del derecho en facultades y la caracterización estadística de facultades de derecho. Corresponde a la naturaleza cualitativa el análisis de la información documental aportada por las entidades públicas competentes para la dirección del ejercicio profesional del derecho y de educación superior.
El Método investigativo incluye análisis de casos múltiples, metodología BID. Un estudio de caso tiene en general los siguientes pasos Yin (1994): 1. Diseño del objeto de estudio. 2. El desarrollo del proceso de estudio o investigación. 3. La formulación de los análisis y conclusiones obtenidas del proceso de observación y comparación de la información. El Diseño metodológico aplica la Teoría Fundada. Los procesos técnicos de trabajo de campo o Fuentes orales en mesas de trabajo, entrevistas, fuentes documentales, visitas a entidades internacionales y a entidades nacionales. Los Procesos técnicos para análisis de información incluyen una Matriz de análisis de referencias bibliográficas, matriz estabilización de fuentes orales, matriz de categorías, subcategorías y elementos. El enfoque metodológico combina análisis normativo, derecho comparado, revisión documental, entrevistas cualitativas y análisis estadístico de flujos migratorios y convalidaciones.
Con el propósito de desarrollar conceptos como Movilidad profesional internacional, pluralismo jurídico: coexistencia de sistemas jurídicos estatales e indígenas, Derecho propio: sistemas normativos y formativos desarrollados por pueblos indígenas, así como Integración jurídica regional: procesos de armonización normativa en espacios supranacionales como la CAN; se propone un modelo de armonización normativa y operativa para el ejercicio internacional de la abogacía en la región andina, por ello, esta investigación comprende, desde el enfoque de Gobernanza, cinco componentes: i) Los Profesionales del derecho, ii) El Sistema educativo, iii) Las institucionales internacionales, nacionales y de derecho propio, iv) Las prácticas internacionales contemporáneas y v) La perspectiva del ejercicio internacional de la profesión de la abogacía en la Sub Región Andina.
Yumbo, Colombia, noviembre 26 2025